El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón compareció esta mañana antes los medios de comunicación flanqueado por su secretario de Estado Fernando Román y su subsecretario Juan Bravo para explicar los aspectos fundamentales de los presupuestos de su ministerio para 2012.
Gallardón ha sido tajante en afirmar que pese al recorte del 6,3% que se ha visto obligado a hacer en su departamento para avanzar en el camino presupuestario y cumplir con el déficit, “no se pondrá en peligro ninguna partida especial para el buen funcionamiento de la Justicia, es decir, no se paralizará ninguno de los proyectos que ya están en marcha y se garantizan las reformas estructurales que llevaremos a cabo en esta legislatura”.
El ministro ha incidido en que “se refuerza la justicia gratuita, cuya dotación se incrementa 2,3 millones de euros, un 7,22%, hasta alcanzar los 34,2 millones. Además Gallardón ha explicado que se revisará el acceso a este sistema, pero que en ningún caso "se bajará el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita, y que sólo se establecerán nuevos mecanismos para comprobar la existencia real de este derecho y para perseguir el fraude”.
El titular de la cartera de Justicia anunció que a partir de 2013 la asistencia gratuita se financiará con lo recaudado a través de las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya cuantía puede ascender a 300 millones de euros si se mantiene el nivel de litigiosidad de años anteriores. En 2012, que sólo se recaudarán durante seis meses, “sólo se recaudará de las nuevas tasas en torno a 234 millones de euros” según apuntó el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.
En este sentido, el ministro tiene previsto abrir un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas que tienen derivadas las competencias de Justicia para acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión coordinada de la asistencia gratuita.
El ministro ha incidido en que “se refuerza la justicia gratuita, cuya dotación se incrementa 2,3 millones de euros, un 7,22%, hasta alcanzar los 34,2 millones. Además Gallardón ha explicado que se revisará el acceso a este sistema, pero que en ningún caso "se bajará el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita, y que sólo se establecerán nuevos mecanismos para comprobar la existencia real de este derecho y para perseguir el fraude”.
El titular de la cartera de Justicia anunció que a partir de 2013 la asistencia gratuita se financiará con lo recaudado a través de las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya cuantía puede ascender a 300 millones de euros si se mantiene el nivel de litigiosidad de años anteriores. En 2012, que sólo se recaudarán durante seis meses, “sólo se recaudará de las nuevas tasas en torno a 234 millones de euros” según apuntó el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.
En este sentido, el ministro tiene previsto abrir un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas que tienen derivadas las competencias de Justicia para acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión coordinada de la asistencia gratuita.
En cuanto a las tasas, Gallardón volvió a explicar que sólo se pagarán en segunda instancia, porque “no debe tener el mismo coste el acceso a la tutela judicial efectiva que cuando se quiere una revisión de una respuesta que ya ha dado la Justicia”. Pero el ministro apuntó que “a todas las personas que se les reconozca las Justicia gratuita no tendrán que pagar estas tasas”.
Plazas de jueces y fiscales
Una de las novedades anunciadas por el secretario de Estado de Justicia Fernando Román fue que no se convocarán oposiciones en la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013, cuando saldrán 35 plazas de jueces y 20 de fiscales. Hasta entonces los que salgan este año de la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos cubrirán plazas de interinos. “Evitaremos así crear más unidades judiciales que no vayan en línea con lo que se pretende con la nueva oficina judicial”, señaló Román.
Una de las novedades anunciadas por el secretario de Estado de Justicia Fernando Román fue que no se convocarán oposiciones en la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013, cuando saldrán 35 plazas de jueces y 20 de fiscales. Hasta entonces los que salgan este año de la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos cubrirán plazas de interinos. “Evitaremos así crear más unidades judiciales que no vayan en línea con lo que se pretende con la nueva oficina judicial”, señaló Román.
El subsecretario también se refirió, ante las preguntas de los periodistas, a la dotación del presupuesto del Ministerio para las traducciones jurídicas, en esta caso del catalán, y si los recortes generales también podían afectar este derecho. “Se han establecido recortes en gastos comunes del Ministerio, pero no hemos proyectado recortes en lo que consideramos servicios esenciales, como este caso”, explicó Bravo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario