Alguien escribió en su agenda en letras mayúsculas, al lado de sus 19 juicios: "SUSPENDIDOS". Quizá fuera la entonces secretaria de su juzgado, que hoy declara: "Se implicaba mucho. Hubo días que celebró hasta 21 juicios, y él llevaba las sentencias, que podían llegar a 38 a la semana, al día. Estábamos allí todas las tardes, y no éramos los únicos". Ángel Luis del Olmo había tenido algún tropiezo en su carrera, pero en los juzgados de lo social muchos lo recuerdan ante todo como un hombre tal vez peculiar, pero sobre todo trabajador. Había sustituido a un interino que, a su vez, sustituyó a otro juez con incapacidad también por problemas cardiacos.
Pilar Varas, compañera de Del Olmo en lo social, lleva un infarto y una angina de pecho: "Obviamente, no se trataba sólo de un problema de estrés, yo tenía colesterol. Pero el estrés actúa de detonante, y desde luego en las salas de lo social, en Madrid, el estrés es común". De otro juez de la capital, este de mercantil, cuentan que pedía su cartera con los expedientes mientras se lo llevaban en camilla, víctima también de un infarto.
Agenda de Ángel Luis del Olmo el día de su fallecimiento. Son, quizá, la muestra más lacerante de una realidad, la de la sobrecarga de trabajo en muchos juzgados, que ha motivado, en buena parte, una demanda de conflicto colectivo de la Asociación Jueces Para la Democracia contra el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia ante la Audiencia Nacional que se verá, si no hay acuerdo previo, el 3 de febrero. En ella los acusa de haber incumplido su obligación de evaluar "los riesgos, incluidos los psicosociales, para la seguridad y salud" de jueces y magistrados y la de "elaborar un Plan de prevención de riesgos laborales" (son quizá el único colectivo de empleados públicos que no lo tienen) y pide a la Audiencia, entre otras cuestiones, que los inste a la "inmediata adopción de medidas de protección".
Tras la demanda, pionera, está la negociación de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales que contemple la carga máxima de trabajo de los jueces y magistrados. Tanto el Consejo como el Ministerio se comprometieron a adoptarlo en 2010 y, según declaraban la pasada semana en el CGPJ, el tema se reactivó no desde que se interpuso la demanda, sino desde la formación del nuevo Consejo: existe, dicen, un borrador y prevén aprobarlo antes de fin de mes. Este mismo viernes se reunió la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSS), que cuenta con representantes del Consejo y de las asociaciones judiciales. Glòria Poyatos, representante de Jueces Para la Democracia en la Comisión, recalca que su asociación "mantiene su posición de que se incluyan en el Plan de Prevención las cargas de trabajo como el riesgo profesional estrella".
La demanda de Jueces para la Democracia cita estudios como el Informe sobre los Órganos Judiciales que Sobrepasan el 150% de la Carga de Trabajo, que publicó el CGPJ el pasado año, y que establece que un 43,53% de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo que el propio Consejo considera normal (allí aparece el juzgado ante cuyas puertas murió Del Olmo con una sobrecarga del 196%). También el Informe Urgente sobre Riesgos Psicosociales y Carga de Trabajo en la Carrera Judicial, elaborado por la sección sindical de la asociación, que determina que el riesgo piscosocial más grave entre los jueces son las llamadas "exigencias psicológicas", que ponen en relación el volumen de trabajo con el tiempo disponible para realizarlo y afectan a un 92% de los jueces.
El resultado tiene un nombre, estrés, y varios perjudicados: Poyatos habla de una "grave amenaza no sólo para los juzgadores, sino también para la salubridad de la Justicia, pues una carga de trabajo puede ser una magnífica herramienta política de neutralización judicial, y un bálsamo en la tramitación de numerosos procedimientos de corrupción, que se eternizan procesalmente". Antonio Seoane, titular del juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, añade otros aspectos: "Con la crisis, aumenta la cantidad de trabajo y disminuye la calidad, y tú, como juez, eres consciente de ello. Nuestro trabajo no es como para que nos sintamos orgullosos. No podemos dedicarnos a hacer churros por sistema", declara, mientras recuerda semanas de 60 juicios y más de 60 horas de trabajo y habla de juicios que no se preparan previamente y de presiones tal vez excesivas en ocasiones para que las partes lleguen a una conciliación (y el juez pueda ahorrarse esa sentencia y dedicar tiempo a otros casos). "El problema es en qué condiciones se hacen 20 juicios en un día", añade este juez, que ha pisado el freno porque "se trata de no morir en el intento".
A todo esto se une el tipo de temas que llegan a los tribunales con la crisis, de mayor complejidad -en el caso de lo social, despidos por causas económicas con intervención de peritos económicos e ingenieros y amplias documentales de 4.000 folios- y carga emocional: "El de la mujer a la que se concede la pensión y, cuando llega la sentencia, la hija te dice que falleció hace meses; el de los hermanos despedidos de la fábrica a los que citas en cinco meses, y te dicen que cómo comen mientras tanto... Es mejor no enterarse, porque entonces haces lo que hacía Ángel Luis: te metes 20 juicios al día", explica Seoane. En la agenda de Del Olmo de aquel 2 de julio hay consignados temas de Seguridad Social, reclamaciones de salarios, despidos, sanciones...
Y luego están los medios, escasos o inapropiados, de los que se lamentan en muchos juzgados: Miguel Ángel Izquierdo, secretario judicial, describe edificios "del tercer mundo, con goteras, funcionarios y expedientes apiñados, un archivo que se inundaba cada dos por tres y programas informáticos que ya están descatalogados. En el decanato de Navalcarnero, con 6.000 asuntos y seis juzgados, hay un solo funcionario. Faltan medios materiales y de personal y también organización para distribuir el personal donde se necesita", apunta.
Jueces Para la Democracia reclama un Plan de Prevención que contemple una carga máxima de trabajo para los jueces y la sobrecarga como un riesgo laboral. Algo que pudiera parecer sencillo y que quizá esté tardando tanto porque, como dice Antonio Seoane, asumirlo implicaría reconocer la necesidad urgente de la justicia española de "dinero, y jueces, jueces y más jueces".
Fuente: elconfidencial.com
